EXPROPIANDO A ESTAFADORES

REVOLUCIÓN ENFRENTA UNA CAMPAÑA MEDIÁTICA EMPRESARIAL FASCISTOIDE: El ministro del Comercio de Venezuela, Richard Canán, aclaró este miércoles que las recientes expropiaciones que ejecutó el Gobierno Nacional en el sector Inmobiliario, pretenden enfrentar una serie de estafas que fueron denunciadas por los compradores de viviendas.

"Las expropiaciones que estamos haciendo de empresas constructoras es para culminar desarrollos urbanísticos que esta gente tiene abandonados", explicó el Ministro, en declaraciones exclusivas a teleSUR.

Canán salió al paso de la matriz de opinión que medios opositores al gobierno venezolano implantaron para asegurar que el Ejecutivo está violando la propiedad privada.

Indicó que desde la administración del presidente venezolano, Hugo Chávez, se expropiaron empresas constructoras que violaron las leyes del país, incumplieron contratos e intentaron estafar a sus clientes.

"El Instituto para la Defensa del Usuario, en un período de dos años, recibió más de cuatro mil 500 denuncias sobre distintas irregularidades que estaba cometiendo un pequeño grupo de inmobiliarias", informó, en declaraciones exclusivas a teleSUR.

"De todo el grupo de denuncias hay seis urbanismos sobre los cuales (las empresas) abandonaron las obras, no continuaron la construcción y la única forma de que el Gobierno bolivariano a través del Ministerio de Vivienda, pueda asumir la continuidad de las obras es haciendo la expropiación de la inmobiliaria", explicó.

"Nosotros vamos a culminar la construcción y cada apartamento ya tiene su propietario", sentenció.

Denunció que "un pequeño grupo de constructoras continuaron cometiendo irregularidades", por lo que el Gobierno actuó.

Entre las violaciones a las normativas legales detectadas en el sector inmobiliario está una habitual extorsión hacia los ciudadanos que firman contratos para adquirir viviendas.

Explicó que si se va comprar un apartamento que está en pre-venta, la empresa firma un contrato con el cliente, que contempla el precio del inmueble y el plazo de entrega de éste.

Posteriormente ese lapso no se cumple y desde la compañía obligan a los compradores a firmar otro contrato con un nuevo precio mucho más elevado que el inicial.

La falta surge cuando "los urbanizadores de retrasan en las obras, hay obras que tienen más de 6 años de retraso".

Citó que el Ejecutivo se encontró con casos en los que las construcciones ya estaban concluidas, pero las inmobiliarias "se negaban a entregarlos si no se firmaba un nuevo contrato", con un precio diferente y alto.

"Por eso en el Gobierno ha tomado la decisión de intervenir un grupo de empresas", dijo.

El ministro del Comercio de Venezuela, Richard Canán, puntualizó que en Venezuela se han hecho expropiaciones en sectores estratégicos, con el objetivo de garantizar al pueblo el derecho a los recursos e impulsar programas sociales en beneficio del colectivo.