Aldemaro Barrios
2 de julio de 2013.- Más de 1.600 denuncias sobre violación de los
Derechos Humanos perpetrados durante la IV República han sido
registrados por la Comisión por la Justicia y la Verdad, informó este
lunes Aldemaro Barrios, integrante de la comisión y coordinador del
proyecto Memorias de la Insurgencia.
Durante una entrevista concedida al programa Contragolpe, transmitido por VTV, Barrios aseguró que hay muchas personas que viven todavía presas del miedo y no se atreven a denunciar torturas y asesinatos, entre otros hechos, perpetrados por funcionarios militares y policiales entre 1958 y 1998.
Estimó que alrededor de 240.000 personas sufrieron violaciones de sus derechos en este período, producto del acoso militar en sectores rurales.
En este sentido, refirió que producto de la investigación se han calculado alrededor de 145 casos que pueden ser procesados en los tribunales.
Asimismo, indicó que la Comisión de la Verdad cataloga los expedientes como de gestión, intermedio e históricos, los cuales poseen información que pueden servir para abrir una investigación judicial.
"Se está haciendo justicia. No se está devolviendo la historia para recordar cosas que no se quieren recordar", dijo.
Barrios señaló que en esos 40 años se aplicaron manuales de contrainsurgencia elaborados por los Estados Unidos, que también han sido empleados en Irán y Afganistán, los cuales explican cómo aplicar torturas físicas y psicológicas para obtener información de carácter militar y político.
Denunció que estos tipos de manuales son usados actualmente en Venezuela por sectores de la derecha y medios de comunicación.
Señaló que Ramón Guillermo Aveledo, actual secretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), quien fue secretario privado de Luis Herrera Campíns (1979-1984), poseía información sobre las torturas y violaciones que en aquel tiempo se cometían, entre ellas, la masacre de Cantaura, perpetrada el 4 de octubre de 1982, cuando 23 jóvenes guerrilleros, integrantes del Frente Américo Silva (FAS) del entonces movimiento de izquierda Bandera Roja, fueron masacrados por los organismos de seguridad del Estado.
"Hay responsabilidades intelectuales y políticas de las autoridades de la época", sentenció.
El coordinador del proyecto Memorias de la Insurgencia manifestó que actualmente las leyes del país favorecen la libre investigación, con el fin determinar responsabilidades sobre este tipo de hechos.
La Comisión por la Justicia y la Verdad está llamada a ser un órgano que contribuya con el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad cometidos en el período 1958-1998, reivindique a las víctimas y rescate la memoria histórica.
Durante una entrevista concedida al programa Contragolpe, transmitido por VTV, Barrios aseguró que hay muchas personas que viven todavía presas del miedo y no se atreven a denunciar torturas y asesinatos, entre otros hechos, perpetrados por funcionarios militares y policiales entre 1958 y 1998.
Estimó que alrededor de 240.000 personas sufrieron violaciones de sus derechos en este período, producto del acoso militar en sectores rurales.
En este sentido, refirió que producto de la investigación se han calculado alrededor de 145 casos que pueden ser procesados en los tribunales.
Asimismo, indicó que la Comisión de la Verdad cataloga los expedientes como de gestión, intermedio e históricos, los cuales poseen información que pueden servir para abrir una investigación judicial.
"Se está haciendo justicia. No se está devolviendo la historia para recordar cosas que no se quieren recordar", dijo.
Barrios señaló que en esos 40 años se aplicaron manuales de contrainsurgencia elaborados por los Estados Unidos, que también han sido empleados en Irán y Afganistán, los cuales explican cómo aplicar torturas físicas y psicológicas para obtener información de carácter militar y político.
Denunció que estos tipos de manuales son usados actualmente en Venezuela por sectores de la derecha y medios de comunicación.
Señaló que Ramón Guillermo Aveledo, actual secretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), quien fue secretario privado de Luis Herrera Campíns (1979-1984), poseía información sobre las torturas y violaciones que en aquel tiempo se cometían, entre ellas, la masacre de Cantaura, perpetrada el 4 de octubre de 1982, cuando 23 jóvenes guerrilleros, integrantes del Frente Américo Silva (FAS) del entonces movimiento de izquierda Bandera Roja, fueron masacrados por los organismos de seguridad del Estado.
"Hay responsabilidades intelectuales y políticas de las autoridades de la época", sentenció.
El coordinador del proyecto Memorias de la Insurgencia manifestó que actualmente las leyes del país favorecen la libre investigación, con el fin determinar responsabilidades sobre este tipo de hechos.
La Comisión por la Justicia y la Verdad está llamada a ser un órgano que contribuya con el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad cometidos en el período 1958-1998, reivindique a las víctimas y rescate la memoria histórica.
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