Por: Victor Hugo Majano 
El pasado sábado 14 de diciembre el "gobierno" (o sea, el CICPC y el
SEBIN) decidió desmantelar una banda delictiva que desde el barrio
Conchemango de El Sombrero en el estado Guárico, extorsionaba, robaba,
vendía drogas y mataba.
Al menos cinco años llevaba operando el grupo que tenía (o tiene) su
sustento en extorsiones a trabajadores de las obras del Ferrocarril del
Llano (Tinaco-Anaco) y venta de drogas al detal y al mayor.
Vendían puestos de trabajo y cobraban cualquier actuación, disfrazados
de "sindicalistas", a cualquiera que quisiera emplearse en la
construcción a cargo de una compañía china. Todo eso se sabía desde
hacía años pero nadie hacía nada.
Una vez, en 2011, unas mujeres de El Sombrero se instalaron frente a la
sede del Parlamento, denunciando que hasta les exigían favores sexuales
por empleos temporales (colocaban a mano sistemas de estabilización de
los taludes de las vías del tren) tramitados desde los consejos
comunales, pero nadie les prestó atención. Finalmente les mandaron la
policía para obligarlas a subir a un autobús y regresar a su infierno
llanero.
Cuando el grupo comenzó a matar en la carretera entre El Sombrero y
Valle de La Pascua tampoco nadie le paró "bolas" al asunto .Total, los
muertos eran culpa de Chávez o de la violencia heredada de la cuarta
república, según la preferencia política de cada quien.
Así mataron a un muchacho de 14 años que, con sus padres y hermana,
transitaba una madrugada de julio de 2010 por la vía. Los idiotas
dispararon contra las puertas traseras del vehículo para abrirlas y le
dieron al chamito que murió desangrado en los brazos de su hermana, que
era también otra chamita. Ella escribió la dramática historia y me la
envió para publicarla aquí http://goo.gl/07QMKx
Las extorsiones, los secuestros breves de personas y carros, los asaltos
en la carretera siguieron ante la indiferencia de la sociedad
guariqueña (quizás por temor) y la ignorancia absoluta del resto del
país.
Todos decían que detrás de la banda estaban policías regionales y que en
las extorsiones se involucraban funcionarios del CICPC. Había quienes
relacionaban a funcionarios de seguridad, acusados por varios asesinatos
durante la gestión de Manuit, el gobernador que terminó como prófugo en
Costa Rica. Recuerdo que en esa oportunidad una comisión parlamentaria
especial, dirigida por Iris Varela, investigó los hechos y elaboró un
informe que responsabilizaba al mandatario. Pero por "ordenes
superiores" el informe fue engavetado y a Iris casi la botan del
parlamento.
Posiblemente dos incidentes muy recientes rompieron la indiferencia. En
agosto del 2013 el grupo asaltó un puesto de vigilancia de la Base
Aeroespacial Manuel Ríos, desde donde se controla el satélite Simón
Bolívar, y le quitó tres fusiles AK-47 a los soldados centinelas. Y el
otro fue en octubre cuando ocurrió el asesinato de un médico que asistía
a un joven herido que trasladaban en una ambulancia desde Calabozo
hasta el hospital de San Juan de Los Morros, capital de la entidad.
El joven aparentemente formaba parte de una banda delictiva y fue
atacado por policías que dirigían los robos y extorsiones. En el caso
está involucrado el propio jefe de la policía regional en Calabozo, cuyo
vehículo fue usado para interceptar a la ambulancia y asegurarse que su
víctima no quedara viva.
Cuando el Gobierno, en voz del ministro Rodriguez Torres, anunció la
operación diversos voceros opositores se burlaron. Otros aseguraron que
se trataba de un "trapo rojo" para distraer la atención de los
verdaderos problemas del país.
Mientras que del lado del chavismo la actitud fue de lejanía, casi
indiferencia. Como que a nadie le importaba y si se podía minimizar pues
sería mejor.
En la batalla, que duró más de 24 horas, al menos un policía del CICPC
murió, otros tres resultaron heridos y entre los "choros" se registraron
cinco o seis muertos. El resto del grupo, incluyendo al supuesto líder
de 25 años, apodado El Picure, logró escapar y se mantiene en fuga.
Los tuiteros opositores se burlaron aún más y los chavistas redoblaron
su silencio. Pero nadie insistió en que se terminara con la captura de
la banda.
Eso ocurrió ya hace un mes y todos nos hemos olvidado del tamaño de
"peo" que tenemos encima con la proliferación de bandas juveniles con
integrantes adolescentes enloquecidos por la droga y dirigidos o
"asesorados" por funcionarios policiales corrompidos.
Por esa indiferencia que se ha mantenido y por la resistencia a aceptar
que existe una aberración incompatible con la vida y con la Revolución,
nos sorprende la tragedia de Mónica Spear y su familia. No comprendemos
porque no sabemos, y no sabemos porque los medios masivos (comerciales y
públicos) no nos dicen (por ejemplo) que dos días después del crimen de
la actriz mataron en Lara a un campesino comunero que llevaba al
mercado su cosecha de café. Como mataron meses antes a otros comuneros o
hace tres años al chico de 14 años en la carretera de Guárico. No decir
esto ahora sería complicidad e irresponsabilidad en lo personal y en lo
político.
Tan cómplice e irresponsable como lo es la promoción y uso público, en
eventos festivos, de canciones con letras que reivindican la existencia
de esas bandas y de una subcultura que al menos justifica la violencia. O
como lo es también ese coqueteo con los códigos estéticos y discursivos
de las bandas y que parecen fascinar a algunos voceros oficiales que
hasta exhiben con orgullo videos donde saludan a integrantes de estos
grupos. ( Una muestra del homenaje a la banda de Conchemango se puede
ver aquí http://goo.gl/lAT29k )
El hecho es que no se trata de una situación aislada. ya que en todo el
país funcionan y crecen grupos delictivos con poder de fuego y
suficiente locura para matar a la primera. Y que además han sido
legitimados artística, cultural y socialmente. Basta con ver la cantidad
de carajitos y carajitas que se toman fotos exhibiendo, en las redes
sociales, armas con el rostro descubierto.
En este proceso de estructuración de la violencia se combina el acceso a
enormes recursos financieros, dirección especializada por policías
corrompidos, drogas sin límite y arrojo juvenil, lo que ha conformado
una maquinaria gigantesca de muerte y destrucción en todo el país.
Muchas veces los recursos vienen del tráfico de drogas, pero otras
tantas los obtienen al tomar control de obras públicas financiadas por
el Estado para extorsionar a contratistas, proveedores y trabajadores.
Se trata, si ensayamos una definición, de una versión del
paramilitarismo colombiano disfrazada de hampa común. Pero su propósito
es el mismo: evitar que la sociedad, que la gente, tome el control de
sus espacios.
Por eso atacan y matan a productores agrícolas del municipio Iribarren
en el estado Lara, donde avanza la formación de una comuna. Al igual que
lo hacen en el Valle de Tucutunemo. en el estado Aragua
Por eso participan con los terratenientes en desalojos ilegales de
campesinas y campesinos, como ocurrió en El Sombrero, estado Guárico, en
mayo de 2013.
Y por eso hacen inviable la vida creadora en comunidades populares
urbanas donde interfieren con la producción y la reproducción del
metabolismo social, al imponer restricciones horarias entre otras.
Por eso actúan para excluir y convertir en "barrios forajidos" a
comunidades donde operan para que sea imposible su interrelación con las
estructuras del Estado y de la sociedad.
Es la misma violencia monopólica que siempre ha ejercido la burguesía
sobre el resto de la sociedad. Antes lo hacía a través de las
instituciones, pero una vez rotos los paradigmas burocráticos y legales
se les dificulta el uso de la policía o la fuerza armada para doblegar a
la gente. Y ahora lo hacen con "soldados" reclutados con drogas, dinero
y promesas de muerte.
Sin duda es el momento para tomar conciencia de la crisis que vivimos y comenzar a hacerle frente.
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