13 abril 2014 - A partir del pasado 12 de febrero, tras el llamado del dirigente del partido político opositor Voluntad Popular, Leopoldo López y la exdiputada de la Asamblea Nacional, María Corina Machado, de salir a tomar las calles del país contra el Gobierno del presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se han desarrollado constantes ataques, agresiones y violaciones a los derechos humanos establecidos en la Constitución.
Desde el derecho al libre tránsito fijado en el artículo 50 de la Carta Magna, el cual señala que “toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional”, hasta el “inviolable”
derecho a la vida plasmado en el artículo 43, son algunas de las
infracciones cometidas por sectores de la ultraderecha venezolana, cegados por el odio, la irracionalidad e incitados por los líderes de oposición.
Sin embargo, la matriz de opinión generada por algunos sectores y medios
de comunicación nacionales e internacionales, buscan desviar la
atención y enfocar una visión errónea sobre la situación actual del
país, en cuanto a los derechos humanos se refiere, desprestigiando la
actuación del Estado venezolano para restaurar el orden y garantizar el bienestar y tranquilidad a la población, calificándola como una “represión contra los estudiantes”.
Para el abogado constitucionalista Jesús Silva, “estos delincuentes que operan en las conocidas guarimbas, realmente no pueden ser calificados como estudiantes (…) pero hay grupos armados que pueden ser calificados comoterroristas, mercenarios, paramilitares que han sido pagados para promover -en 18 municipios de los 335 que existen en Venezuela- eventos de violencia”.
La ciudadanía se ha visto imposibilitada a desarrollar sus actividades
regulares por “consecuencia de este terrorismo callejero, de esta guerra de guerrillas en el ámbito urbano, que tienen una clara conexión con el partido Voluntad Popular y dirigentes de la ultraderecha como Leopoldo López y María Corina Machado”.
No obstante, el Gobierno Nacional está obligado a restablecer el orden público, así como proteger la vida e integridad personal de las y los ciudadanos,
por lo que el despliegue de las autoridades de seguridad nacional ha
sido de manera racional y proporcionado “para contener a estos
delincuentes que utilizan guayas, artefactos explosivos, bombas molotov, niples y que han atacado a civiles desarmados de manera alevosa y premeditada.
En consecuencia, la actividad del Estado venezolano ha estado enmarcada
en la Constitución y las leyes; y si hubiera algunas violaciones a los
derechos humanos como algunos opositores lo han denunciado, creo que hay
evidentes demostraciones de compromiso para investigar y sancionar
estos casos aislados, que en ningún caso son la práctica política
general del Estado venezolano”.
Violación de los DD.HH
El también profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Jesús
Silva, ratifica que las protestas de los últimos dos meses han tenido un
carácter no democrático y anticonstitucional que
además de ocasionar 39 muertes y 579 heridos, han afectado el derecho a
la educación (artículos 102 y 103), derecho al trabajo (artículos 87 y
89), derecho a la salud (artículo 83), derecho a la recreación (artículo
111), derecho ambiental (127), entre otros.
Pero la principal violación de estas claras demostraciones de violencia
política es la violación del artículo 2 de la Constitución:
Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y
de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la
igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en
general, la preeminencia de los derechos humanos la ética y el
pluralismo político.
Según manifiesta Silva “estas acciones de violencia y de terror persiguen
imponer un nuevo orden político a través de la fuerza, la intimidación,
la amenaza y del daño a personas inocentes. Por eso los guarimberos y
sus jefes políticos que están de alguna manera enquistados en lo que se
dice partidos democráticos, pero que son organizaciones para delinquir, tenemos que decir que desconocen la voluntad del pueblo y desconocen la importancia de la democracia y la soberanía popular contenida en este articulo 2 donde se reconoce el sufragio como el mecanismo fundamental para resolver nuestras diferencias”.
Crímenes contra el medio ambiente
La tala y quema de árboles, incendios provocados a montañas, parques nacionales, bosques y demás, encierra lo que se llama delito pluriofensivo , penal ambiental,
el cual en la doctrina del derecho internacional, se le conoce como
derecho de cuarta generación dentro del grupo de los derechos humanos.
Para Silva “no cabe duda que esta oposición radical violenta, esta corriente delictiva que trata de derrocar al gobierno ha arremetido de forma cobarde y alevosa contra el ecosistema. Y confiamos en que las misiones y demás programas para restituir el orden ecológico como la Misión Árbol y
las demás iniciativas gubernamentales van a contribuir a reparar el
daño causado; y sobre todo el repudio de la sociedad a estas acciones
debe demostrarse de forma contundente para que ya no sigan ocurriendo
casos semejantes".
Estado de Derecho
Silva considera que el compromiso del Estado con los derechos humanos
está más que demostrado, debido a que la Constitución de 1999 es la
única en la historia del país donde las garantías fundamentales de los
venezolanos jamás han sido suspendidas, contraria a la Constitución de 1961 donde las garantías fueron suspendidas no menos de 21 veces.
“En el Estado de Derecho que se vive hoy en Venezuela ha habido respeto a los derechos humanos, sobre todo a partir de la Constitución Bolivariana de 1999(…)
que garantiza la libertad de las personas siempre y cuando actúen
dentro del marco de la Constitución y la ley. Mientras que en el pasado,
el Estado practicaba la doctrina del terrorismo de Estado, una política
de persecución, asesinato, desaparición forzada de personas…”, explicó.
Asimismo, recordó que las garantías establecidas en el artículo 2 se han mantenido intactas, “que tienen que ver con el pluralismo político, la libertad de asociación, la libertad de elegir y ser elegido, es decir un conjunto de derechos civiles y políticos que han sido resguardados en esta nueva etapa de la República”.
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